La muerte de un empleado municipal por inhalación de monóxido de carbono, en agosto de 2007, desató el conflicto entre los trabajadores del corralón, afiliados al Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda (STMA), y la Intendencia. Casi cuatro años después, los trabajadores siguen reclamando seguridad laboral y una reivindicación salarial. Hoy, a 40 meses del fallecimiento de Luis Pons, claman por justicia y exigen al jefe comunal, Jorge Ferraresi, que tome cartas en el asunto.
Por Alan Ferraro
El 27 de agosto de 2007, el trabajador municipal Luis Pons se desempeñaba como sereno en la Dirección de Espacios Verdes del Municipio de Avellaneda cuando fue hallado muerto, a raíz de la inhalación de monóxido de carbono. Según explicó a este medio Norberto Morón, empleado municipal, “murió porque en ese cuarto donde pasaba la noche, muerto de frío, no había ni una estufa. Entonces, llevó una pantalla a gas y aspiró todo ese monóxido de carbono. No había ventilación”.
Frente a este lamentable episodio no se puede omitir un fehaciente llamado de atención que existió antes de que sucediera. El 1 de febrero de 2007, se redactó y entregó una comunicación a la delegada regional del Ministerio de Trabajo bonaerense, Claudia Sánchez, en la cual el STMA le solicitaba “con carácter de urgente” un informe sobre la situación de seguridad e higiene laboral, tanto en el corralón ubicado en Crisólogo Larralde 5813 como en la Dirección de Espacios Verdes, ubicada en Fabián Onsari 1858. En la nota referente al expediente 11554/07, se denunciaban “graves deficiencias e irregularidades edilicias”.
Asimismo, según manifestó Morón, el Municipio, en ese entonces en manos de Baldomero “Cacho” Álvarez de Olivera, estaba al tanto de las “deficiencias y hasta reconoció los problemas. Pero nunca hizo nada para resolverlos”.
La consecuencia objetiva fue el fallecimiento de Luis Pons. Desde ese día, los empleados municipales del corralón decidieron que esa muerte no sería olvidada y, en cambio, la figura de Luis Pons sería utilizada como bandera en la lucha por una mejora sustancial en la seguridad e higiene laboral en los ámbitos municipales, de la mano de una reivindicación salarial. Así fue que comenzaron a movilizarse.
Como respuesta, el 7 de septiembre, el Ministerio ordenó una inspección, en cuya acta —firmada por el inspector de higiene y seguridad Diego Ismael Cerrudo— se describe el corralón compuesto por 14 talleres y se reconoce: “No se cuenta en todo el edificio con luz de emergencia ni señalización indicando las salidas de emergencias, se observan cielorrasos deteriorados, falta de cerámicas en los pisos, falta de orden y limpieza, carencia de calefacción y ventilación, se detectan paredes rotas, con revoques y pintura en mal estado, falta de vidrios, puertas rotas y sin picaportes, goteras en techos, escasa iluminación”. Pero no es todo, entre los distintos puntos de este informe de 13 fojas, se describe: “Las condiciones de los baños son precarias, en los espacios a cielo abierto no se cumplen con las normas de higiene, observándose el acopio de todo tipo de malezas y escombros”.
En la misma línea, refiriéndose a los riesgos físicos que genera en los trabajadores este precario ámbito de trabajo, el informe agrega: “Se detectan deficiencias en la instalación eléctrica de todo el edificio, cables a la vista, falta de precintos de seguridad, falta de disyuntores, carencia de una red de incendio y no se observan matafuegos”. Por otra parte, Cerrudo afirma que en uno de los locales del depósito se almacenan tambores conteniendo combustibles de forma “desordenada, incumpliendo con las normas vigentes para el acopio de estos inflamables”.
Finalmente, el informe al que tuvo acceso Diario del Sur denuncia la falta de entrega de elementos de seguridad personal a los trabajadores y expone una serie de conclusiones que llaman a reparar y a adecuar la infraestructura a las normas vigentes.
Frente a la ausencia de una respuesta del Municipio, el STMA volvió a dirigirse en marzo de 2008 al Ministerio de Trabajo provincial para constatar que el Departamento Ejecutivo hubiera recibido este informe. La delegada regional Sánchez confirmó haberle hecho llegar ese acta a la Municipalidad, siendo ésta recibida por el “señor Hugo López”, tal como figura en la comunicación del 7 de marzo de 2008.
En esta línea, en una nueva comunicación hacia la delegada regional, el trabajador y compañero de Pons, Norberto Morón, explicó: “El Intendente hizo caso omiso a todo lo que se denunció y prosigue violando las normas, tememos por nuestras vidas. Exigimos que el Ministerio emplace y obligue por los mecanismos legales al Municipio para impedir que ocurra otra tragedia”.
En un creciente clima de tensión, en septiembre de 2008, el STMA se dirige al ministro de Trabajo bonaerense, Oscar Cuartango, para exigir: “Nos haga saber el motivo por el cual, después de un año de comprobadas las transgresiones en materia de seguridad e higiene por parte de la Municipalidad de Avellaneda, ninguna sanción se ha aplicado”. Y advierte: “No será cajoneando los expedientes que los trabajadores dejaremos de reclamar por nuestros derechos”.
Frente a este panorama, ese mismo mes se realizó una reunión en el Ministerio de Trabajo entre las partes en conflicto. Desde la Municipalidad aseguraron que, frente al reclamo, “solo faltan detalles mínimos, provisión y colocación de carteles, señalización y limpieza”. En tanto que los trabajadores rechazaron lo expuesto por las autoridades comunales. “El 100 por ciento de las tareas que se deberían haber llevado a cabo no se ha realizado”, aseguraron.
Al día siguiente, el empleado Morón y su compañero, Juan Enríquez, realizaron una presentación judicial contra el Intendente por “abandono de persona, violación a los deberes de funcionario y homicidio culposo”, según consta en la causa que sigue su curso en la UFI 1.
Agotadas estas instancias, los trabajadores decidieron recurrir a sus representantes legislativos, los concejales del Concejo Deliberante local. Realizaron una serie de notificaciones a todos los bloques el 3 de abril de 2009 sin obtener una intervención contundente que pudiera poner fin a sus reclamos.
El 31 de julio de 2009, Álvarez es designado ministro de Desarrollo Social bonaerense y asume como Jefe municipal el hasta entonces secretario de Obras Públicas, Jorge Ferraresi. “Con el nuevo Intendente no cambió nada. Nos prometió que nos iba escuchar, que nos iba a aumentar el sueldo porque reconocía que los salarios estaban bajos, pero, al día de hoy, seguimos esperando”, sostuvo Morón.
Todo 2009, según el testimonio del empleado municipal, se vivió al “pie del cañón, con retención de tareas y movilizaciones exigiendo una reivindicación salarial y mejoras en la seguridad e higiene del corralón”.
En diciembre de 2010, en vísperas de las fiestas, los trabajadores incrementaron su presión contra el Municipio. En manifestaciones frente y dentro del Palacio Municipal, se le exigió a Ferraresi un plus de fin de año que superase los mil pesos, junto a un aumento salarial en la categoría inicial para que la suma a cobrar dejara de ser 1050 pesos para llegar a 2500 pesos. Además, denunciaron “discriminación laboral” por la creación de un plus denominado “extensión extra laboral” que, según Morón, “les pagan a los empleados que no son molestos con el Ejecutivo, a los empleados versátiles”. A partir de entonces, a los trabajadores del corralón se sumaron los del hospital Wilde y otras dependencias municipales.
Como respuesta, el Ejecutivo accedió a pagar un plus de fin de año de 600 pesos entre enero y febrero, medida que fue rechazada por los manifestantes.
Al día de hoy, son los trabajadores municipales del corralón, junto con los del hospital de Wilde, los que levantan el nombre del fallecido Luis Pons como bandera para lograr una reivindicación salarial y mejoras de la seguridad e higiene en sus lugares de trabajo. Desde ambos sectores, coincidieron en que continuarán con las medidas de retención y de fuerza hasta que el Departamento Ejecutivo plantee una propuesta “seria.”
Publicado por Politica del Sur
